El gran Filósofo español José Ortega y Gasset en su famosa obra “La rebelión de las masas” sostenía: “La rebelión sentimental de las masas, el odio a los mejores, la escasez de éstos -he ahí la razón verdadera del gran fracaso hispánico-”. De esta excepcional frase se puede hacer un análisis y reflexión sobre la problemática del aborto y la educación sexual integral en Argentina y como se ignoró a la prestigiosa Academia Nacional de Medicina, Derecho y Educación. A continuación se expondrán los principales argumentos de las tres instituciones académicas, abocadas a los altos estudios disciplinares.

En primer lugar comenzaremos con la Academia Nacional de Medicina fundada en 1822, prácticamente con el nacimiento de nuestra patria. Esta institución de sumo prestigio para la República Argentina, se dedica al estudio científico de las ciencias médicas con verdadera vocación y rigurosidad. Por supuesto no pasó por alto la cuestión del aborto y se manifestó a favor de la vida humana desde la concepción y ratifico que “el niño por nacer es científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de la concepción” y que “destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano”. Por otro lado sostuvo “Que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción. Por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron bajo juramento”. En este orden de idas dijo que “la obligación médica es salvar a los dos, nada bueno puede derivarse para la sociedad cuando se elige a la muerte como solución. Si el aborto clandestino es un problema sanitario corresponde a las autoridades tomar las mejores medidas preventivas y curativas sin vulnerar el derecho humano fundamental a la vida y al de los profesionales médicos a respetar sus convicciones”.

En segundo lugar la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, fundada en 1908, es decir, con más 100 años de experiencia en materia jurídica, también se involucró en el debate, donde se buscaba legalizar el aborto en 2018. Sentencio que el derecho a la vida desde el momento de la concepción se encuentra “implícitamente protegido en el artículo 33 de la Constitución Nacional y ha sido consagrado de modo explícito en varias constituciones provinciales” y además sostuvo que “Se halla también amparado por el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la ley 23.054 y conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en la que se reconoce que “persona es todo ser humano” a partir del momento de la concepción, con “derecho a la vida” y debiendo estar protegida por la ley; y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Por otro lado manifestó que “Los proyectos ahora bajo examen vulneran el derecho intrínseco a la vida consagrado en normas de jerarquía constitucional como los artículos 1 y 6.1 de la Convención sobre Derechos del Niño, con la reserva que formuló el artículo 2 de la ley 23.849 al disponer que dicho artículo 1 “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”, fijando de esta forma las “condiciones para la vigencia” de la Convención (artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional)”.

En tercer lugar la Academia Nacional de Educación se manifestó en contra de las modificaciones a la ley 26.150/06 de educación sexual integral y sostuvo que se debe mantener absoluta fidelidad a su letra y a su espíritu, evitando  la introducción de orientaciones o expresiones que le son ajenas. Por otro lado indico que el “carácter de integral de la educación sexual implica la necesidad de incluir, además de la información respecto de los aspectos biológicos, la educación emocional a fin de lograr el autogobierno y el manejo humanamente adecuado de la sexualidad”. Es por esto que destaco el papel de “la familia como agente natural y primario” en el ejercicio de la libertad de enseñanza consagrado en la Constitución Nacional y en este sentido agrego “el Estado debe evitar la imposición de un discurso uniforme, garantizando el respeto a la identidad, a la pluralidad cultural, al ideario institucional y a las convicciones de los miembros de la unidad educativa (art. 5° de la Ley No. 26.150). Resulta esencial también que las instituciones educativas respeten la conciencia y sensibilidad de los alumnos, evitando el empleo de lenguajes y materiales didácticos que generen confusión. Asimismo, se deberá asegurar en todo momento, conjuntamente con las familias debidamente informadas (art 9° de la Ley No. 26.150), el cuidado del desarrollo armónico de la personalidad de los alumnos en instancias decisivas para su formación como son la niñez y la adolescencia”.

En resumen, no solamente se vulnera el primer y más fundamental derecho que es la vida, protegido por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, como bien explica la Academia Nacional de Derecho y por lo tanto la inconstitucionalidad del proyecto de ley que busca legalizar el aborto en nuestro país. Sino también el derecho a la objeción de conciencia tanto a nivel individual como institucional, en este sentido la Academia Nacional de Educación también es claro. Este último derecho está amparado en la Constitución Nacional en los artículos 14 y 19. En efecto, el Estado no puede imponer arbitrariamente un mandato legal que lesione convicciones íntimas de la persona humana, tanto a nivel: moral, ético o religioso. Lo que se pretende con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y las modificaciones a la ley de educación sexual integral, es precisamente vulnerar este principio de raigambre constitucional, por este motivo quienes no comulguen con el canon ideológico impuesto, debe ser castigado. Así vemos que se pierde absoluto respeto hacia la persona que no acepte la imposición tirana de carácter legal, que muy bien, el progresismo utiliza para volcar al espacio público las artimañas ideológicas que no tiene sustento en la realidad, enarbolando falsas banderas.

Por esta razón, las tres instituciones académicas mencionadas anteriormente son cuerpos intermedios de la sociedad civil, que, despojados de todo ideario ideológico y con autonomía política, se manifestaron a favor de la verdad, en las distintas áreas de conocimiento. Vale aclarar que todos los argumentos utilizados tienen sustento tanto en el aspecto científico, técnico-legal y pedagógico. De esta forma, desconocer la autoridad intelectual y su rica historia es caer en la necedad más profunda. Además de ser instituciones fundamentales para el país y el desarrollo del conocimiento. Una sociedad que está a merced de grupos de presión altamente ideologizados, que busca legalizar e imponer de manera totalitaria lo que es contrario a la evidencia y al sano juicio de la razón, es sin duda alguna, un grave peligro.

En este sentido los sectores progresistas el 28 de mayo presentaran nuevamente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Parece una broma que la verdad sea sometida cada año a la presión y el clamor de las masas, una moda que avanza sobre los derechos más elementales y que va por todo. No alcanza que los académicos y las instituciones con mayor prestigio intelectual dentro de la sociedad, sentencien en contra de los artífices ideológicos que apelan al relativismo intelectual. Estos mismos buscan imponer sus más desagradables caprichos en contra de toda lógica, utilizando el Estado como arma para implantar sobre el resto la tiranía ideológica, que como vemos, se devora a los mejores o como decía Ortega y Gasset  “En los motines que la escasez provoca suelen las masas populares buscar pan, y el medio que emplean suele ser destruir las panaderías.”. En este caso, la escasez intelectual imperante en nuestros días, los medios utilizados por los ideólogos es desprestigiar a las instituciones académicas de mayor renombre, haciendo caso omiso a las advertencias de llevar a la práctica el totalitarismo ideológico. Así la Academia Nacional de Medicina, Derecho y Educación es subestimada, porque no sirve a los intereses políticos e ideológicos que tiene la sociedad posmoderna. En definitiva, los mejores quedan excluidos, ya que, la atrofia intelectual se apodero de los ámbitos de discusión. Mientras la clase dirigente de un país no escuche a los mejores, seguiremos condenados al fracaso.

IGNACIO A. NIETO GUIL.

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