El objetivo de este artículo es presentar, lo más fehacientemente posible, la situación de la casa de estudios a la que pertenezco y llamar a la reflexión a cerca de si la situación imperante en la misma es la que debe ser o si bien, simplemente, podría ser mejor. Es por eso que, intentaré relatar (en primera persona) como es la cotidianeidad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
No hay que ser demasiado perspicaz para poder observar que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires no esta pasando por sus mejores días. Tanto las condiciones edilicias como del funcionamiento regular de la institución atraviesan una severa situación, pues resulta curioso cómo un edificio de escasa antigüedad puede hallarse en tal paupérrimas condiciones de higiene y mantenimiento. Pareciere que, no se trata de un caso meramente de desfinanciamiento sino de un mal manejo de recursos públicos.
Cuando uno, como alumno de la casa o mero observador, transita por los pasillos no puede dejar de advertir particularidades tales como los múltiples carteles partidarios pegados (con las más ridículas o falaces consignas) por todos lados (hasta en los lugares más insólitos, tales como los escalones de las escaleras) o las simpáticas palomas que se mueven por el interior del edifico e incluso anidan en él y hacen caso omiso a nuestra presencia (claramente habituadas a vivir allí). Pareciera que las autoridades de la institución no se escandalizan ante tal triste situación higiénica o panorama visual, ya que en épcoas de elecciones los carteles se multiplican y llegan a invadir el tránsito por los pasillos.
Podremos discutir la cuestión de la militancia en las universidades públicas, pero realmente no me parece menester en este artículo, más bien, el meollo del asunto sería delimitar las eventuales condiciones en la que la misma podría desarrollarse sin atentar contra la educación de los estudiantes. Un continuo en el día a día de cursada son la irrupciones propagandísticas de las agrupaciones locales, todas de ideología de izquierda, se acercan cautelosamente a esperar unos minutos del horario de clase para repartir panfletos y emitir algún aviso parroquial, pero la cosa se agudiza en época de elecciones, donde si el profesor (en complicidad con parte del alumnado) se los permite, se llevan buena parte de la clase quedando truncos o inconclusos los temas de la misma.
Si esto le parece una anomalía, pues paciencia que es sólo la punta del iceberg. Los desenvueltos muchachos y muchachas de estos clubes de militancia, también se toman la licencia de interrumpir clases para “debatir” temas de actualidad, ignorando, quizás, cuánto puede interesarle a un alumno que se dispone a tomar un par de horas de una asignatura cualquiera en la búsqueda de recibirse, qué escuchar sus opiniones sobre una cuestión que debería ser ajena a ese espacio. El ejercicio parece recurrente y siempre de similares características: ingresan al aula, exponen (su no requerida) opinión sobre un tema, reparten unos panfletos y se retiran victoriosos (o molestos si se les niega dicha oportunidad) por haber cumplido la misión de transmitir su mensaje proselitista y hacernos perder unos cuantos minutos de asignatura. Lo curioso es que casi nadie parece escandalizarse ante esta práctica, y son pocos los profesores y alumnos que intentan hacer valer el derecho a educarse sin interrupciones.
Hace unos meses tuvo lugar la toma de la facultad, que se prolongó por varios días con consecuencias que oscilan entre lo patético y lo destructivo. La consigna que llevó a “los compañeros” a impulsar esta medida, era “en defensa de la educación pública” ya que según nos dicen, el gobierno actual no escatima en intentos de sabotear nuestra “prestigiosa casa de estudios”, según el discurso oficial. Curiosamente, la facultad hace años que se encuentra en esta penosa situación de funcionamiento (recopilé testimonios de, cuanto menos, quince años atrás), y pese a que el presupuesto aumentó alrededor de un 30% en el año 2018 para las universidades nacionales (la UBA contó con aproximadamente $16464 millones), no vimos mejora alguna en la cotidianeidad de nuestra casa de estudios (a tal punto, que contar con papel higiénico o jabón en los baños es aún una conquista no lograda). Pero al margen del débil argumento suficiente para cometer un delito como es la toma un edificio público, lo que quiero resaltar es el saldo que dejó la misma: daños al edificio por varios miles de pesos, pérdida de materias y clases (incluso del cuatrimestre entero para algunos desafortunados), un risueño espectáculo ante medios de comunicación y la comunidad en general además de las denuncias entre agrupaciones por el uso de patotas. De todos modos, hemos de ser sincero y señalar que buena parte del alumnado y el profesorado se manifestó de acuerdo y prestaron colaboración para tal bochornoso episodio, aunque con el tiempo el ánimo general fue cambiando al ver el fracaso de la medida.
En sintonía con la cuestión del manejo de los fondos propios, se nos informa vía email sobre la creación de una secretaría de género, un mural en favor de la despenalización del aborto (ignorando que el Congreso Nacional no aprobó dicha ley y que el aborto es un delito en nuestro país al día de hoy), la proyección de la película “El camino de Santiago” y otras tantas sandeces por el estilo, que no parecieran estar orientadas al beneficio de la comunidad universitaria sino más bien parecen responder a una lógica militante.
En fin, todo este panorama descrito hasta aquí nos deja algunas cosas para pensar, sobre el cómo se manejan las cosas en buena parte de las instituciones públicas hoy en día en la Argentina, y puntualmente, sobre el caso de esta facultad que es preocupante y bochornoso, por donde se lo mire. Tener funcionarios públicos despóticos que piensan que una casa de estudios financiada por los contribuyentes, obviamente, es una unidad básica de partidos de izquierda al servicio de un grupo de jóvenes que no pareciera que su principal objetivo sea transitar sus carreras en el menor tiempo posible y de la mejor manera para su aprendizaje y formación profesional. No siendo suficiente esto, tenemos un aparato burocrático de cuestionable eficiencia, empleados que no cumplen función alguna, profesores que hacen su militancia personal a costa de los alumnos que quieren formarse únicamente y, lo que me parece más grave, un clima de censura implícita (y a veces explícita) para aquel miembro de la comunidad en disidencia con el discurso oficial.
Es por eso que, queda un llamado a la reflexión y la acción por parte de los que creemos que las universidades públicas deben ser centros de formación (bien administrados) desligados de ideologías partidarias, y aquellos que no lo consideren así, deberán someterse al cumplimiento de la ley imperante (estas prácticas mencionadas van, mínimamente, en contra de los artículos 14C, 30C y 33 de la “ley de educación superior” de la nación) o pagar las consecuencias de su irresponsabilidad civil, y en este sentido, colaborar como sociedad en la construcción de una verdadera una universidad pública que nos enorgullezca y nos ponga a la vanguardia en la materia dentro del continente, como supimos hacer hace más de un siglo.
“La libertad del individuo y la no intervención del gobierno son dos locuciones que expresan un mismo hecho “ …
Juan Bautista Alberdi.
